Obligación de darse de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y en el Registro de operadores intracomunitarios

Consulta vinculante de la D.G. Tributos nº V1041-20

Fecha: 24/04/2020

Normativa: Ley 37/1992 art. 4-Uno; 5-Uno-a) y Dos; 69-Uno-1º; 90-Uno-

Descripción: El consultante es un trabajador por cuenta ajena a quien le han ofrecido la posibilidad de realizar un trabajo puntual de asesoramiento para una empresa ubicada en otro Estado miembro de la Unión Europea. Para dicho trabajo contará con la asistencia de otras tres personas, también trabajadores por cuenta ajena en el territorio de aplicación del Impuesto.

Cuestión planteada: Obligación de darse de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y en el Registro de operadores intracomunitarios. Obligación de repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido en la factura que emita por ese trabajo puntual, y cuantía del mismo. Igualmente, obligación de las tres personas que asisten al consultante de darse de alta en el Censo de empresarios y de emitir factura con repercusión del Impuesto, por la compensación que el consultante les satisfaga por su ayuda.

Contestación completa:

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

(…).”.

En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

2.- Del escrito de la consulta se deduce que la persona física y sus colaboradores, que hasta la fecha eran trabajadores por cuenta ajena, realizarán las operaciones objeto de consulta percibiendo una contraprestación por ellas, al margen de su actividad laboral habitual.

Al respecto debe decirse que la frecuencia o habitualidad con la que una persona física presta servicios no tiene relevancia en lo que respecta a la consideración de esa persona física como empresario o profesional a los efectos del Impuesto en la medida en que exista la concurrencia de la ordenación de unos medios de producción que impliquen la voluntad de intervenir en el mercado, aunque sea de forma ocasional.

Así se ha manifestado por este Centro directivo en, entre otras, la contestación vinculante de 21 de mayo de 2012, número V1102-12, en la que se señaló que no puede predicarse que una persona o entidad tiene la consideración, o no, de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el sobre el Valor Añadido y, por tanto, de sujeto pasivo de dicho Impuesto, de forma intermitente en el tiempo, en función del tipo de operaciones que realice, sean estas a título gratuito u oneroso.

No obstante, dichas personas físicas no tendrían la consideración de empresarios o profesionales cuando realicen dicha operación, de forma puntual y aislada y sin intención de continuidad, efectuada al margen de una actividad empresarial o profesional.

De acuerdo con todo lo anterior, estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las operaciones a que se refiere el escrito de consulta, en particular, cuando las citadas personas físicas tengan intención de intervenir en la producción de bienes y servicios, lo que determinará la realización de una actividad empresarial o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- En el caso de que las operaciones efectuadas por el consultante y sus colaboradores supongan que estos adquieren la condición de empresario y profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe tenerse en cuenta que las reglas que determinan el lugar de realización de las prestaciones de servicios se recogen en los artículos 69 y 70 de la Ley 37/1992, estableciendo el primero de ellos las reglas generales, y el segundo una serie de reglas especiales en relación con determinadas categorías concretas de servicios.

Así, el artículo 69 dispone en su apartado uno:

“Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y en los artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos:

1º. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste.

(…)

En consecuencia, las prestaciones de servicios que va a realizar la consultante no estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto al tener por destinatario a un empresario o profesional no establecido en dicho territorio. Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de que dicha prestación de servicios quede sujeta al Impuesto en el Estado miembro de la Unión Europea donde se encuentra establecido el destinatario.

En cuanto a la prestación de servicios de asistencia que efectúen las otras tres personas físicas al consultante, se entendería realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, por lo que sí deberán expedir factura y repercutir al consultante dicho Impuesto, al tipo impositivo del 21 por ciento, en virtud de lo previsto en el artículo 90 de la Ley 37/1992:

“Uno. El impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.”.

3.- En cuanto a la obligación de inscripción en los censos tributarios, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE de 5 de septiembre), regula en el capítulo I del título II del Reglamento las obligaciones censales (RGAT, en adelante).

En este sentido El artículo 3.2.a) del RGAT dispone que:

“2. El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores estará formado por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español alguna de las actividades u operaciones que se mencionan a continuación:

a) Actividades empresariales o profesionales. Se entenderá por tales aquellas cuya realización confiera la condición de empresario o profesional, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.

No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles, exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo 20.uno.23.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no constituya el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco se incluirán en este censo quienes efectúen entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.uno y dos de su ley reguladora, y adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.tres de la misma ley.”.

Así pues, en el caso de que, de acuerdo con los criterios analizados en los apartados anteriores de la presente resolución, la actividad desarrollada por el consultante y sus colaboradores tenga la consideración de actividad empresarial o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, todos ellos deberán presentar la declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, en virtud de lo dispuesto en el transcrito artículo 3.2.a) del RGAT.

4.- Por otra parte, en relación con el Registro de operadores intracomunitarios, deberá presentar declaración censal de alta, de conformidad con el artículo 3.3 del mencionado Reglamento que dispone lo siguiente:

“3. El Registro de operadores intracomunitarios estará formado por las personas o entidades que tengan asignado el número de identificación fiscal regulado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el artículo 25 de este reglamento y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

(…).

d) Los empresarios o profesionales que presten servicios que, conforme a las reglas de localización, se entiendan realizados en el territorio de otro Estado miembro cuando el sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos.

(…).”.

Finalmente, se establece en el apartado final del artículo 3.3 que: “Este registro formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.”

Deberá, por tanto, darse de alta el consultante en el mencionado Registro. No así sus colaboradores, en la medida en que le prestan a él un servicio de asistencia que se entendería realizada en el territorio de aplicación del Impuesto.

5.- En todo caso, en relación al detalle de cada una de las obligaciones formales que el consultante y sus colaboradores han de cumplir, debe señalarse que, de conformidad con los artículos 85, 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18 de diciembre), así como los artículos 63 a 68 del Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE del 5 de septiembre), relativos a la información y asistencia tributaria y, en concreto, a las consultas tributarias escritas, este Centro Directivo es competente para la contestación a las consultas tributarias escritas respecto del “régimen y la clasificación o calificación tributaria” que en su caso corresponda a los obligados tributarios consultantes.

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley General Tributaria, corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de los órganos que desarrollan las funciones de gestión tributaria, el ejercicio de las actuaciones de información y asistencia tributaria y, en concreto, en cuanto a la forma en que debe darse cumplimiento a las obligaciones formales derivadas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el teléfono general de información tributaria: 901-33-55-33; o a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es.

6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.